Este proceso de debida diligencia consiste en una evaluación independiente e imparcial de los antecedentes de la empresa, con el objetivo de identificar potenciales riesgos de cumplimiento corporativo. Las áreas que se evalúan en este proceso son anticorrupción, prevención de lavado de dinero, protección de datos personales, responsabilidad ambiental, derechos humanos, y salud y seguridad en el trabajo.